@christianpresidente26: Soy Christian Osorio, periodista independiente, político independiente y cristiano evangélico, miembro activo de una comunidad religiosa en Circasia. Nací en el Caquetá, una tierra marcada por la violencia y el desplazamiento, y desde hace 17 años vivo en el Quindío junto a mi madre y mi hijo. Mi vida ha estado ligada a las luchas ciudadanas, a la defensa de lo público y, más recientemente, a un proyecto político con aspiración presidencial hacia el 2026, desde una perspectiva independiente y transparente. El 18 de septiembre de 2025, mientras tomaba un café en el parque principal de Circasia (Quindío), fui requerido en un procedimiento policial. Dos uniformados motorizados pedían documentos a varias personas; entre ellas, me abordó el subintendente Mauricio Saavedra (ID 157060), quien solicitó mi cédula y verificó mis antecedentes. Hasta allí, un acto rutinario. Sin embargo, el giro inesperado se dio cuando advertí que este uniformado me identificó plenamente, relacionándome con un hecho ocurrido previamente en el hospital de Circasia. Yo no lo recordaba, pero él me reconoció con claridad. Ese nivel de identificación revela que mi nombre y mi rostro ya estaban en registros policiales. Cuando decidí grabar el procedimiento, ejerciendo mi derecho constitucional a registrar lo público, su actitud cambió: surgió hostilidad, incomodidad y presión hacia mí, como si documentar lo sucedido fuese un acto de desafío. Lo cierto es que grabar no es delito, sino un derecho protegido. El artículo 20 de la Constitución reconoce la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz. El artículo 74 consagra el acceso a documentos y actos públicos, y el artículo 95.7 establece que todo ciudadano tiene el deber de velar por la transparencia del poder estatal. Además, la Corte Constitucional (Sentencia T-634/13, entre otras) ha señalado que grabar procedimientos oficiales es un ejercicio legítimo de control social, no una obstrucción. A nivel internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) respaldan el derecho a informar y denunciar sin censura ni represalias. Por tanto, lo que hice no fue más que cumplir mi deber cívico. Sin embargo, este hecho refleja algo más profundo: una incomodidad institucional frente a la ciudadanía activa. En Colombia se aplaude la democracia solo cuando es pasiva; cuando un ciudadano vigila de cerca, graba, denuncia y confronta lo público, inmediatamente pasa a ser incómodo para quienes ostentan poder. Mi rol como periodista ciudadano y mi aspiración política generan tensiones, especialmente porque he hecho denuncias públicas sobre la gestión municipal de Circasia. Por eso, desde ya, responsabilizo a la Policía de Circasia y al alcalde Julián Peña por cualquier represalia en mi contra o contra mi familia. No se trata de un temor infundado: Colombia es un país donde líderes sociales, periodistas independientes y miembros de comunidades religiosas han sido perseguidos, hostigados e incluso asesinados por denunciar irregularidades y ejercer control ciudadano. Mi voz no es un capricho: es un acto político, ciudadano y espiritual. Como cristiano evangélico, creo en la verdad, en la justicia y en el deber de no callar ante la corrupción ni la opacidad. Como periodista independiente, defiendo el derecho de la ciudadanía a conocer lo que ocurre en lo público. Y como político independiente, mi compromiso es construir un país donde grabar a un funcionario no genere miedo, sino confianza. Hoy temo por mi vida y por la de mi familia, pero no callaré. Mi deber es seguir hablando, grabando y denunciando. La democracia no se fortalece silenciando cámaras, sino garantizando que los invisibles —los ciudadanos que nadie ve ni escucha— tengan voz. #LaVozDeLosInvisibles #DerechosHumanosYA #GrabarNoEsDelito #NoMásSilencio #NoMásSilencio @La Crónica del Quindío @LARAZON.CO @NOTICIAS CIRCASIA @Gustavo Petro @WRadioColombia @RCN Radio @180grado

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Sunday 21 September 2025 04:31:17 GMT